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¿Adiós a la televisión pública?

Los medios de comunicación, tanto privados como públicos, no atraviesan su mejor momento. La crisis económica unida a la del propio sector que todavía busca cómo adaptarse al nuevo modelo tecnológico ha llevado a que los ERES, la desaparición de medios o la fusión de otros, se conviertan en algo cotidiano.

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Esta vez le ha tocado a la radiotelevisión pública griega (ERT), el último recorte del gobierno heleno en un intento por cumplir las imposiciones de Bruselas, convirtiéndose así en el único país de la Unión Europea sin una televisión pública.

La existencia de un sistema de medios públicos está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad. Así lo contempla el Tratado de Ámsterdam y su protocolo, además de hacer hincapié en la importancia de conservar el pluralismo en los medios de comunicación.

Bien es cierto, que este mismo Tratado reconoce la competencia de los Estados miembros para financiar los servicios públicos, pero como recuerda el Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que “debe ser respetado” la libertad de prensa y el pluralismo en los medios.

El cierre de ERT genera un cierto temor. Temor a que este tipo de acciones llegue a aplicarse en otros países, ya que ni siquiera la legislación europea es capaz de garantizar este derecho. Continuamente se cuestiona la “rentabilidad”  de la radiotelevisión pública, cuyos niveles de audiencia suelen ser menores que los de las cadenas privadas. Sin embargo, resulta extremadamente difícil poder hacer una televisión de calidad cuando cada año se reduce la financiación. En el caso de España, la radiotelevisión pública (RTVE) vio reducido su presupuesto un 25%  en 2013.

No debemos olvidar que las cadenas públicas tienen el objetivo de garantizar el derecho a una información libre y plural, es decir, estar al servicio de la sociedad, como recogen buena parte de las constituciones nacionales. Por el contrario, las cadenas privadas solo cumplen una parte de este servicio, dado que sólo cubren aquello que les es rentable basándose en los índices de audiencia.

¿Deben los estados dar prioridad al criterio de rentabilidad o, por el contrario, primar el derecho a la información? ¿Será Grecia el primer y único país en cerrar una cadena pública o habrá más?

El Articulo 20 de la Constitución española, reconoce el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, y establece que “la ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.” Por este motivo, surge otro dilema dentro de la televisión pública: ¿cómo se garantiza esta pluralidad?, ¿de qué manera se evita  la politización de las cadenas públicas?

Un caso paradigmático de ente público propiamente dicho es el caso de la BBC (British Broadcasting Corporation). En 1922, a través de un Decreto Real, el gobierno anglosajón decidió que la BBC era una entidad de derecho público y autónomo, y garantizaba su independencia del control comercial privado y político. Por tanto, su financiación se hace mediante una licencia de televisión que paga cada hogar. Este modelo garantiza la no dependencia de la cadena pública del Gobierno y, por tanto, hace más difícil influir en su línea editorial.

Por el contrario, en Italia la mayoría de medios de comunicación se encuentran en manos de Silvio Berlusconi, ex primer ministro y político de la coalición El Pueblo de la Libertad, y dueño de la corporación de telecomunicaciones Mediaset. Una mala praxis que pone en entredicho la función de los medios de comunicación para convertirse en un canal de propaganda política.

Resulta paradójico poder ejercer un derecho a la información, actuar como contrapeso del poder, cuando este es el “jefe”. ¿Cómo separamos política y medios de comunicación?, ¿debería establecerse una ley que evite que miembros de partidos políticos tengan intereses económicos en los mass media?, o incluso ¿se podría evitar que los directivos de los entes públicos sean cargos políticos?

Por otro lado, no debemos olvidarnos de las cadenas públicas autonómicas. Su existencia también debe estar garantizada, ya que permite un acceso a informaciones que de otra manera no tendrían cabida en las emisiones nacionales, y sirven como preservación de la cultura y lenguas de cada Comunidad Autónoma La Ley General de la Comunicación Audiovisual protegía la existencia de estos canales, así como su financiación. Sin embargo, con la reforma llevaba a cabo el pasado año se abre la puerta a la privatización de las mismas.

El debate sobre la utilización de las cadenas públicas como instrumento de propaganda política de los Gobiernos autonómicos, la sobredimensión de sus recursos o la diversidad de canales locales, es un eterno dilema. Véase el caso de cadenas autonómicas como Canal Sur, Canal 9 o la TV3, que contaban en sus filas con más empleados que las grandes cadenas privadas nacionales. Y por otro lado, trabajadores de Canal Sur o Canal 9 denunciaron el incumplimiento del servicio público al tener que omitir informaciones contra el Gobierno autonómico.

La privatización podría abrir la puerta a la resolución de estos problemas, pero ¿en manos de quién irán a parar estas cadenas?, ¿se conservará ese principio de servicio público o se perseguirá únicamente la rentabilidad? Y, lo más importante, ¿a qué intereses económicos responderá la línea editorial de estas cadenas?

Estas múltiples preguntas tienen una difícil respuesta pero lo importante es que el debate siga vivo y entre todos los profesionales de la información trabajemos siempre de manera responsable para ofrecer a los ciudadanos una información veraz y de interés público.

Alejandra Ferrer

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